/ Tendencias globales que anticipan el nuevo escenario digital para Chile
22 de Enero, 2026Chile se encuentra en un momento clave para definir su futuro digital. Mientras avanza la implementación de las nuevas leyes de protección de datos y ciberseguridad, también emergen tendencias globales que exigen a las organizaciones ir más allá del cumplimiento y adoptar una mirada estratégica.
Socia Alessandri
En Chile el escenario normativo digital atraviesa una actualización sin precedentes. En materia de protección de datos personales, la Ley N° 21.719 marcó un hito al regular su tratamiento y crear la futura Agencia de Protección de Datos Personales. Para asegurar su implementación, en 2025 se constituyó una Comisión Asesora Ministerial que trabaja en la puesta en marcha de la normativa antes de su entrada en vigor en diciembre de 2026. Sus informes han definido prioridades como la instalación de la Agencia, el fortalecimiento institucional y lineamientos para la transferencia internacional de datos y la aplicación de la normativa en órganos públicos.
A estos avances se suma la primera Ley de Ciberseguridad, que ya cuenta con una Agencia Nacional en funcionamiento y con entidades sectoriales alineadas. El marco regulatorio ha identificado a los Operadores de Importancia Vital (OIV) y declarado diversas industrias como Servicios Esenciales (SE) —entre ellas electricidad, telecomunicaciones, banca, salud y transporte—, imponiendo obligaciones específicas. Los OIV deben garantizar la continuidad de sus servicios mediante sistemas de gestión de riesgos, planes de continuidad certificados, simulacros periódicos, la designación de un Delegado de Ciberseguridad independiente, reportes en plazos estrictos y medidas inmediatas de contención.
Sin embargo, el cumplimiento normativo debe complementarse con una mirada proactiva hacia las tendencias internacionales en protección de datos y derechos digitales. Temas como el tratamiento de datos de menores, la verificación de edad, el uso de blockchain, el acceso biométrico y el consentimiento válido en servicios digitales anticipan desafíos que también deberán considerarse en Chile. El caso de los datos biométricos tiene particular complejidad y exige coordinación internacional para evitar asimetrías regulatorias.
Queremos detenernos en un aspecto central: la protección de los menores en el entorno digital. De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos de Europa, los menores deben recibir una protección reforzada, ya que pueden ser menos conscientes de los riesgos, consecuencias, garantías y derechos relacionados con el tratamiento de sus datos personales. Por ello, los responsables están obligados a considerar específicamente los riesgos derivados del tratamiento de datos de menores en las evaluaciones de impacto y garantizar que las medidas de seguridad y salvaguarda sean proporcionales a su vulnerabilidad. La experiencia de la Comisión Nacional de Informática y Libertad (CNIL) en Francia muestra cómo la protección de los menores y sus derechos digitales se ha convertido en un eje prioritario, con medidas que abordan temas como el acceso a contenidos sensibles, el ciberacoso y la educación mediática. La misma Comisión ha propiciado el desarrollo de talleres en escuelas, recursos educativos adaptados y colaboraciones con ministerios y medios de comunicación, iniciativas que reflejan que la sensibilización social es tan relevante como la regulación técnica.
En esta misma línea, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) de España constituyó en 2019 un Grupo de Trabajo sobre “Menores, salud digital y privacidad”, con el objetivo de estudiar y proponer iniciativas para proteger a los menores en el ámbito digital. Este grupo reúne actores del sector público y privado e incluye organizaciones profesionales y sociedades científicas, y se ha consolidado como un espacio permanente de reflexión y acción sobre la seguridad de los menores en el mundo online. Los trabajos del Grupo han dado lugar a diversas iniciativas: educación digital, salud digital y el Decálogo de verificación de edad, que establece criterios y requisitos para que los sistemas de control en el acceso a contenidos online para adultos sean eficaces y respetuosos con los derechos de los menores.
En conclusión, mientras Chile implementa su Ley de Protección de Datos y la Ley Marco de Ciberseguridad, autoridades y empresas deben mirar más allá del cumplimiento inmediato. Incorporar la protección de los menores como eje central de la agenda digital y anticipar tendencias internacionales permitirá consolidar un ecosistema seguro, confiable y alineado con las mejores prácticas globales.