/ Reforma de Pensiones en Chile: Desafíos y Oportunidades

La reforma de pensiones en Chile, recientemente aprobada por el Congreso (el 29 de enero de 2025), se ha posicionado como un tema central en la agenda nacional, generando un debate apasionado y polarizado. Impulsada por la necesidad de modernizar un sistema que ha demostrado ser insuficiente para muchos, esta reforma plantea desafíos importantes y suscita preguntas cruciales sobre el futuro de la jubilación en el país.

Felipe Cousiño – Socio
Francisca Donoso – Asociada Senior

Aspectos positivos y negativos de la reforma

Entre los aspectos más notables de la reforma, se destaca que del 8,5% de las contribuciones adicionales del empleador el 6% se destinará, en parte, a los fondos de pensiones que se reorganizarán como fondos generacionales (target date funds) administrados por AFPs del sector privado y, en otra  parte a un nuevo fondo de propiedad estatal denominado Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP). Esta medida podría generar mayores oportunidades de inversión, beneficiando no solo a los afiliados, sino también impulsando el crecimiento económico al canalizar recursos hacia proyectos productivos y de infraestructura. Sin embargo, el FAPP se utilizará mayoritariamente para realizar determinados pagos de prestaciones a los actuales afiliados.

En consecuencia, el sistema de pensiones tendrá pilares renovados tanto del sector público como del privado. De hecho, del 8,5% de las contribuciones adicionales del empleador, el 4,5% se destinará a las cuentas individuales de cada trabajador con la AFP correspondiente; el 1,5% al FAPP bajo una estructura de préstamo; y el 2,5% restante al FAPP para financiar la compensación de las diferencias en la esperanza de vida entre hombres y mujeres, así como para asegurar el financiamiento de los seguros de invalidez y supervivencia.

Esta reforma también aporta importantes elementos positivos. En primer lugar, no se deroga el estatuto de los fondos de pensiones (conocido como DL 3.500), lo que significa que se mantiene el pilar de contribución definida (conocido como capitalización individual) y siguen existiendo las AFP. Esto proporciona una mayor estabilidad y previsibilidad al sistema. En segundo lugar, se espera un aumento significativo de los activos bajo administración (AuM) tanto en los fondos de pensiones administrados por las AFP como en el FAPP. Esto se traduce en más recursos disponibles para la inversión y, potencialmente, mejores pensiones para los afiliados. Además, la participación de actores internacionales en las licitaciones para administrar los activos del FAPP podría aportar experiencia y mejores prácticas en la gestión de inversiones a este fondo administrado por el estado.

Inicialmente, el proyecto de ley preveía un controvertido límite legal del 0,25% en las comisiones implícitas de los fondos de inversión, junto con el mantenimiento del concepto de TER máximo. Según su redacción original, las comisiones totales cobradas a los fondos de pensiones no podían exceder del 0,25% del total de los activos de los fondos de pensiones gestionados por cada AFP. Además, existía una prohibición aún más controvertida que impedía el pago de cualquier comisión a entidades y acciones de empresas chilenas que cotizan en bolsa.

Lo que finalmente aprobó el Congreso fue que (A) el total de las comisiones implícitas cobradas a los fondos de pensiones no puede exceder el límite que establezca el Régimen de Inversión, expresado como porcentaje de los activos del fondo de pensiones. El Régimen de Inversión es una regulación emitida por el regulador de pensiones sujeto a un informe previo de  un consejo técnico independiente permanente (Consejo Técnico de Inversiones – CTI). Si se supera el límite agregado mencionado anteriormente, el exceso correrá a cargo de la AFP. El límite máximo establecido por el Régimen de Inversión entrará en vigencia a contar del primer día del séptimo mes siguiente a la publicación de la resolución correspondiente.

(B) El Congreso también aprobó una excepción a la prohibición de pagar comisiones a vehículos de inversión que inviertan más del 10% en emisores chilenos. La excepción se refiere a vehículos de inversión o cuentas administradas separadamente que invierten preferentemente en instrumentos de emisores chilenos de pequeña o mediana capitalización, según lo definido por el Régimen de Inversión (sin embargo, el nuevo texto del proyecto de ley permite que el Régimen de Inversión extienda la prohibición a vehículos de inversión o cuentas administradas separadamente que inviertan en ciertos instrumentos extranjeros determinados por el Régimen de Inversión que podrían incluir fondos regionales o globales que tengan una exposición a Chile superior a un determinado umbral). Estas comisiones seguirán exentas del impuesto al valor agregado.

La reforma también introduce normas de transparencia y presentación de informes de costos más estrictas para las AFP, con el fin de distinguir la administración de inversiones de las funciones de administración y de gestión de cuentas. El objetivo es generar transparencia de costos y mejorar la eficiencia del sistema. Además, el Instituto de Previsión Social (IPS) estará ahora autorizado a prestar servicios de administración de cuentas, con el fin de facilitar la entrada de nuevos competidores para competir con las AFP existentes, permitiéndoles centrarse únicamente en la gestión de carteras. Esto es visto por algunos como una medida que beneficia la competencia y por otros como la creación de un riesgo de competencia desleal. Además, la formación de nuevas AFP se ve facilitada, entre otras medidas, por la vía de permitir  que administradoras generales de fondos no bancarias (AGF) y las cajas de compensación constituyan AFP como filiales, al tiempo que se establecen nuevas restricciones para evitar conflictos de intereses y garantizar la independencia de las AFP.

Cabe destacar la reorganización de los fondos de pensiones por la que el sistema multifondo se sustituye por un esquema de fondos generacionales. Los beneficiarios de los fondos generacionales serán seleccionados obligatoriamente para el fondo generacional del grupo de edad al que pertenecen. Cada fondo generacional tendrá su propia trayectoria de descenso del riesgo a medida que se acerque la edad de jubilación. Se establecen carteras de referencia para cada fondo, con recompensas y sanciones para las AFP en función de su rendimiento en relación con estas carteras.

Es importante destacar que la Comisión Clasificadora de Riesgo (CCR) se mantiene con su formación actual de siete consejeros, tres de los cuales son designados por los reguladores y cuatro por las AFP. Seguirá desempeñando su función en relación con la determinación de la elegibilidad de los valores, tales como cuotas de fondos de inversión, para la inversión de los fondos de pensiones.

Más desafíos y críticas

Uno de los aspectos más preocupantes de la reforma es que, en un intento de aumentar la competencia, el gobierno organizará cada dos años una licitación para la gestión de las cuentas de un cierto número de afiliados. Se ha afirmado que esta medida genera incertidumbre y volatilidad en el sistema, afectando la confianza de los afiliados y dificultando la planificación a largo plazo. La licitación forzosa del 10% de los afiliados supuestamente no solo compromete y limita la capacidad de las AFP para diseñar estrategias de inversión óptimas a largo plazo, sino que también expone a los afiliados a ser transferidos sin su consentimiento explícito si no actúan en un breve plazo de 30 días. Los críticos señalan además que esta reforma prioriza la reducción de comisiones sobre la rentabilidad de los fondos, lo que podría resultar en pensiones más bajas para los trabajadores.

En relación con lo anterior, el riesgo de expropiación para las AFPs, aunque descartado por las autoridades, también ha sido planteado como un problema. Este temor se ha reflejado en una carta enviada al presidente Gabriel Boric por aseguradoras estadounidenses, quienes advierten que la reforma podría constituir una expropiación de importantes inversiones estadounidenses en Chile. La carta, firmada por el presidente y CEO del American Council of Life Insurers (ACLI), David Chavern, señala que la propuesta de obligar a una licitación bienal de afiliados violaría los derechos de inversión de los inversores estadounidenses bajo el Tratado de Libre Comercio entre EEUU y Chile .

La implementación de la reforma también podría enfrentar desafíos operativos y administrativos. La transición a un nuevo sistema requiere una planificación meticulosa y una ejecución eficiente para evitar interrupciones en los pagos de las pensiones. Además, existe el riesgo de que los cambios propuestos no logren los resultados esperados, lo que podría generar frustración y descontento entre los beneficiarios de las pensiones.

Los críticas también se han centrado en los préstamo del 1,5% de la cotización del empleador al Estado. Según algunos gremios empresariales, esta medida podría aumentar el empleo informal y generar costos adicionales para las empresas. Además, existen dudas sobre la viabilidad financiera y la sostenibilidad fiscal de estos préstamos, lo que ha suscitado preocupación entre los expertos.

A partir del decimoséptimo mes siguiente a la publicación de esta ley, el empleador aportará el 0,9% al FAPP para aumentar las pensiones de los pensionados actuales, cifra que aumentará al 1,5% un año después. Este aporte no se depositará en la cuenta individual del trabajador, sino que será un préstamo al FAPP que se devolverá al jubilarse con los intereses correspondientes (tasa de los bonos del Tesoro de la República para un plazo equivalente). Cabe mencionar que este préstamo probablemente tendrá una tasa de rentabilidad inferior a la de la cuenta individual del trabajador, lo que afectará el importe de las pensiones. Transcurridos 20 años, el aporte en forma de préstamo comenzará a disminuir en un 0,15% anual, y esa cantidad se transferirá progresivamente a la cuenta individual del trabajador, de modo que, transcurridos 30 años, el 1,5% íntegro se destinará a dicha cuenta.

Además, otra preocupación planteada es que los afiliados no podrán cambiarse de fondo generacional con sus ahorros obligatorios, manteniendo esa opción solo para el ahorro voluntario.

A pesar de estos desafíos, la reforma de pensiones representa una oportunidad crucial para mejorar el sistema actual y garantizar una jubilación digna para todos los ciudadanos. Es fundamental que se aborden las preocupaciones y se implementen medidas que aseguren la transparencia y la confianza en el proceso. Solo así se podrá lograr un equilibrio entre los beneficios potenciales y los riesgos asociados.