/ Economía circular textil latinoamericana: una mirada comparada con la Unión Europea

Una industria que se mueve entre la innovación contractual y la deuda regulatoria. La comparación con la UE pone de relieve tanto una brecha como una oportunidad: la región puede anticipar tendencias regulatorias y adaptar sus marcos jurídicos de forma más contextualizada, evitando los costos de la improvisación tardía.

Laura Hernández Bethermyt
Asociada senior
Alessandri Abogados

La industria de la moda ha comenzado a transitar desde un modelo lineal hacia esquemas de economía circular. Sin embargo, mientras en la Unión Europea este tránsito se está traduciendo en una arquitectura normativa progresivamente coherente y ambiciosa, en Latinoamérica el fenómeno avanza de forma fragmentaria, impulsado principalmente por el mercado y no por el derecho. Esta asimetría no solo evidencia diferencias regulatorias, sino que anticipa tensiones relevantes para la competitividad y sostenibilidad del sector en la región.

En el ámbito europeo, la economía circular en la industria textil se encuentra en el centro de la EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles [i], que establece objetivos concretos: prendas más duraderas, reutilizables, reparables y reciclables, junto con la eliminación progresiva del fast fashion como modelo dominante. Este enfoque no es meramente programático. Se complementa con instrumentos regulatorios específicos, como el Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) [ii], el cual ampliará exigencias de diseño sostenible a textiles, y el fortalecimiento de esquemas de responsabilidad extendida del productor (EPR), obligando a las marcas a hacerse cargo de la gestión de residuos textiles.

En contraste, en Chile, Colombia y Brasil, la economía circular textil se desarrolla predominantemente mediante iniciativas privadas como plataformas de reventa, modelos de arriendo o programas de reciclaje, sin un marco normativo específico que articule estos esfuerzos. Chile ha avanzado con la Ley REP [iii], pero los textiles aún no se incorporan como producto prioritario. Esta ausencia resulta particularmente relevante si se considera que, en la UE, la implementación obligatoria de sistemas EPR para textiles está proyectada como un estándar mínimo en los próximos años.

Esta divergencia regulatoria tiene consecuencias prácticas inmediatas. En la UE, por ejemplo, las empresas del sector deberán internalizar costos asociados a la gestión posconsumo, lo que impacta directamente en decisiones de diseño, selección de materiales y estructuración de la cadena de suministro. En Latinoamérica, en cambio, la falta de este tipo de obligaciones permite mantener estructuras de costos más bajas, pero posterga la internalización de impactos ambientales, con el riesgo de enfrentar barreras regulatorias en mercados de exportación.

Desde una perspectiva jurídica, uno de los aspectos más interesantes es la transformación contractual que introduce la economía circular. El arriendo de prendas, por ejemplo, altera la lógica tradicional de la compraventa. En Europa, este fenómeno ya ha comenzado a generar discusiones regulatorias sobre la aplicabilidad de la Consumer Rights Directive [iv] y la Sale of Goods Directive [v], particularmente en lo relativo a garantías legales y estándares de conformidad. En Latinoamérica, estas figuras operan en un vacío normativo relativo, donde los contratos de adhesión estructuran relaciones complejas sin lineamientos jurisprudenciales consistentes.

Lo mismo ocurre con los modelos de reventa. En la UE, la reciente Digital Services Act (DSA) [vi] introduce obligaciones más estrictas para plataformas digitales en relación con la trazabilidad de vendedores y la prevención de productos ilícitos, incluidos falsificados. Esto impacta directamente a marketplaces de moda de segunda mano. En América Latina, si bien existen normas generales sobre responsabilidad de intermediarios, la regulación específica de plataformas sigue siendo incipiente, lo que genera zonas grises en materia de autenticidad, responsabilidad por defectos y protección marcaria.

Otro elemento clave del modelo europeo es la trazabilidad. La propuesta de introducir un “Digital Product Passport” [vii] para textiles que contendrá información sobre composición, origen, reparabilidad y huella ambiental, representa un cambio estructural en la forma en que se conciben los productos. Este tipo de instrumentos no solo facilita la economía circular, sino que también crea nuevas expectativas regulatorias que podrían proyectarse extraterritorialmente, afectando exportaciones latinoamericanas hacia la UE.

En la región, si bien existen iniciativas tecnológicas aisladas, no hay aún un impulso regulatorio que promueva estándares uniformes de trazabilidad. Esto podría convertirse en una desventaja competitiva en el mediano plazo, especialmente para productores que buscan insertarse en cadenas globales de valor cada vez más exigentes.

Ahora bien, la experiencia europea también ofrece una advertencia. La sofisticación regulatoria implica costos de cumplimiento significativos, que pueden generar efectos adversos en pequeñas y medianas empresas si no se implementan mecanismos adecuados de transición. Este punto es particularmente sensible para Latinoamérica, donde la industria textil presenta altos niveles de informalidad. Una traslación acrítica del modelo europeo podría, en este contexto, profundizar brechas existentes en lugar de corregirlas.

Adicionalmente, tanto en Europa como en Latinoamérica emerge un desafío común: evitar el vaciamiento conceptual de la economía circular. En la UE, la proliferación de claims ambientales ha llevado a iniciativas regulatorias como la propuesta de Green Claims Directive, orientada a combatir el greenwashing exigiendo verificabilidad y transparencia. En América Latina, aunque sin instrumentos equivalentes, los marcos de protección al consumidor ofrecen una vía incipiente para cuestionar prácticas engañosas. No obstante, la falta de estándares técnicos dificulta la fiscalización efectiva.

La economía circular en la industria textil latinoamericana se desarrolla en un delicado equilibrio entre innovación y ausencia regulatoria. La cuestión no es si Latinoamérica seguirá el camino europeo, sino cómo lo hará. En ese tránsito, el derecho tiene un rol crucial, ya que no solo como instrumento de corrección después del hecho, sino como herramienta de diseño institucional capaz de guiar la transición hacia modelos más sostenibles, sin sacrificar dinamismo ni inclusión.

Esta columna fue publicada originalmente en LWYR

[i] EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles – https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_2015

[ii] Ecodesign for Sustainable Products Regulation – https://green-forum.ec.europa.eu/implementing-ecodesign-sustainable-products-regulation_en

[iii] La Ley REP (Responsabilidad Extendida del Productor, Ley 20.920) obliga a las empresas en Chile que fabrican o importan ciertos productos a financiar y organizar la recolección y reciclaje de sus residuos una vez terminada su vida útil.

[iv] La Consumer Rights Directive otorga a los consumidores los mismos derechos sólidos en toda la UE. Armoniza las normas nacionales en materia de consumo, por ejemplo, en lo que respecta a la información que se debe facilitar a los consumidores antes de que adquieran bienes, servicios o contenidos digitales, así como a su derecho a cancelar las compras en línea, independientemente del lugar de la UE en el que realicen la compra.

[v] La Sale of Goods Directive es una ley de la Unión Europea que establece normas uniformes para los contratos de consumo, garantiza que los bienes estén libres de defectos y regula las vías de recurso, las garantías y las actualizaciones. Establece un período mínimo de responsabilidad de dos años para los vendedores y abarca los productos físicos, incluidos aquellos con elementos digitales integrados (por ejemplo, los relojes inteligentes)

[vi] La Digital Services Act o DSA, por sus siglas en inglés, es una normativa integral de la Unión Europea diseñada para crear un entorno en línea más seguro, transparente y responsable. Su objetivo principal es combatir la desinformación y los contenidos ilegales mientras protege los derechos fundamentales de los usuarios.

[vii] DPP – https://kpmg.com/dk/en/esg/digital-product-passport–dpp-.html