/ Entran en vigor modificaciones claves de la Ley de Delitos Económicos para empresas

El 1 de septiembre de 2024 entraron en vigor en Chile nuevas reglas que hacen a las personas jurídicas responsables penalmente por delitos económicos. Esto amplía las obligaciones de las empresas para prevenir y responder ante actividades ilícitas.

El 1 de septiembre de 2024 entraron en vigor importantes modificaciones a la Ley N°20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Empresas en Chile, introducidas por la Ley N°21.595 sobre Delitos Económicos. Estas nuevas normas, que fueron publicadas en el Diario Oficial el 17 de agosto de 2023, fortalecen el marco legal y aumentan las obligaciones de las empresas para prevenir y responder ante delitos económicos.

Las principales modificaciones incluyen la sistematización de los delitos empresariales en cuatro categorías específicas para facilitar su identificación y persecución, la creación de nuevos delitos como los “Atentados contra el medio ambiente”, y el endurecimiento de las sanciones, permitiendo castigar a las personas jurídicas por delitos cometidos en su nombre o beneficio, incluso sin obtener un beneficio económico directo.

Las empresas ahora enfrentan mayores desafíos para cumplir con la nueva normativa. Deben implementar y reforzar modelos de prevención del delito que sean efectivos y estén alineados con los estándares exigidos por la Ley. Santiago Ortúzar, socio del área de Compliance en Alessandri Abogados, enfatiza que “la entrada en vigor de estas modificaciones ha elevado significativamente el estándar de cumplimiento requerido a las empresas. No basta con tener políticas; es necesario que estas se implementen y se vivan día a día en la organización”.

Luis Fuentes, asociado de Alessandri Abogados, agrega: “lo más relevante de esta nueva etapa es que las empresas ahora pueden ser imputadas penalmente por los actos cometidos bajo su nombre. Esto exige que las compañías revisen y fortalezcan sus modelos de prevención del delito, ya que las consecuencias legales pueden ser severas, incluyendo la extinción de la personalidad jurídica”.

Las organizaciones deben revisar y ajustar sus protocolos para alinearse con la nueva normativa. Es crucial adaptar las políticas internas mediante la creación o mejora del Modelo de Prevención del Delito; incluyendo capacitaciones para todo el personal y un análisis detallado de riesgos para actualizar la matriz de riesgos y responder efectivamente a posibles escenarios.

Estas modificaciones subrayan la necesidad de que las empresas operen bajo estándares más estrictos de integridad y responsabilidad, adaptándose rápidamente a un entorno legal cada vez más exigente.