/ Ley de Protección de Datos: Comisión Asesora publica informe clave sobre implementación

El primer informe de la Comisión Asesora Ministerial devela debilidades estructurales y normativas que arriesgan la correcta instalación y eficacia de la futura Agencia de Protección de Datos Personales, y propone medidas urgentes para asegurar su viabilidad.

Cristina Valenzuela
Asociada

El 21 de julio de 2025 la Comisión Asesora Ministerial para la Implementación de la Ley de Protección de Datos Personales emitió su primer informe. Este documento constituye un diagnóstico crítico sobre el estado actual y los desafíos para la puesta en marcha de la nueva Ley N°21.719 y la Agencia de Protección de Datos Personales (APDP), cuya entrada en vigencia está programada para el 1 de diciembre de 2026. El informe subraya la insuficiencia del soporte financiero y organizacional previsto, y alerta sobre el riesgo de comprometer la eficacia del nuevo régimen de protección de datos en Chile.

Principales hallazgos y recomendaciones del informe

• Anticipar la instalación de la Agencia: Se recomienda adelantar la instalación de la APDP y la designación de su Consejo Directivo a más tardar en junio de 2026. El plazo actual, que contempla el nombramiento de los consejeros solo 60 días antes de la entrada en vigencia de la ley, es insuficiente para realizar tareas preparatorias esenciales, como la dictación de normativas clave y la habilitación de canales de atención.
• Fortalecimiento institucional urgente: El presupuesto y la dotación de personal asignados a la APDP son “abiertamente insuficientes”. El informe compara los $1.721 millones de pesos y 19 funcionarios iniciales con los recursos de organismos homólogos como el Consejo para la Transparencia ($8.585 millones y 138 funcionarios), y evidencia una brecha que impediría a la Agencia ejercer sus funciones de fiscalización, sanción y promoción de derechos.
• Equiparar remuneraciones del Consejo Directivo: Las remuneraciones proyectadas para el presidente ($7,1 millones) y los consejeros ($6 millones) están por debajo del promedio de jefaturas de otros organismos fiscalizadores (superior a $12 millones). Esta situación desincentivaría la atracción de perfiles técnicos e independientes, debilitaría la autonomía de la Agencia y elevaría el riesgo de captura regulatoria. Se propone equiparar los sueldos a los de sus pares.
• Necesidad de un presupuesto aceptable y realista: La Comisión presenta una contrapropuesta presupuestaria que considera un mínimo de 50 funcionarios y un presupuesto total para el primer año de $4.178 millones. Este monto permitiría cubrir gastos en personal, operaciones e inversión inicial para dotar a la Agencia de las capacidades técnicas y humanas necesarias para su funcionamiento.
• Implementar una estrategia de instalación colaborativa: Se sugiere iniciar a principios de 2026 una estrategia coordinada, liderada por el Ministerio de Economía, para ejecutar procesos logísticos clave, como el arriendo de oficinas, el diseño de perfiles de cargo y la creación del sitio web institucional, evitando así una parálisis operativa al momento de la entrada en vigencia de la ley.

El informe de la Comisión Asesora es un llamado de atención sobre la necesidad de adoptar medidas correctivas urgentes, vía Ley de Presupuestos 2026 o Ley de Reajuste del Sector Público. A juicio de la Comisión, sin estas modificaciones, el nuevo y esperado régimen de protección de datos personales en Chile corre el riesgo de no ser más que una declaración de intenciones, sin la capacidad real de proteger eficazmente los derechos de los ciudadanos.