/ Miguel Massone en Estrategia Legal: Explican Efectos de Circular por Uso Inadecuado de Convenios de Tributación

Miguel Massone, del estudio Alessandri & Cía., advirtió que la circular Nº 57 del SII “impone a los contribuyentes deberes de información difíciles de cumplir, que parecen desproporcionados”.

El pasado jueves, se concretó el esperado acuerdo para evitar la doble tributación con Estados Unidos, convenio que firmaron el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Timothy Geithner. Un “aliciente”, remarcó el jefe del equipo económico de Bachelet, para el comercio entre los dos países.

La iniciativa completa una lista de 21 acuerdos de este tipo en vigencia.

Pero tan importante como la suscripción de estos convenios, es conocer normas relacionadas, como la circular N° 57 que emitió el Servicio de Impuestos Internos en octubre de 2009, para evitar el uso inadecuado o abuso de dichos acuerdos y los nuevos deberes de información para los contribuyentes.

Al respecto, el abogado Miguel Massone, del estudio Alessandri & Cía., advirtió que la citada circular “impone a los contribuyentes deberes de información difíciles de cumplir, que parecen desproporcionados con la finalidad que persiguen y que pueden llegar a constituir una traba para el ágil y adecuado funcionamiento de la valiosa red de CDT que hemos logrado construir con el esfuerzo del propio SII”.

Exigencias

Massone explicó que “sin duda, las medidas adoptadas facilitan la labor de fiscalización del SII. Pero también hay que preguntarse si tales medidas son congruentes con la política de nuestro país en materia de integración internacional, y si el esfuerzo que deberán realizar los contribuyentes es proporcionado a las necesidades de información del SII, considerando las herramientas de control que ofrecerá el levantamiento del secreto bancario y el intercambio de información tributaria con otros países”.

Precisó que con los CDT, se eliminan o atenúan los efectos de la doble tributación internacional, por la vía de la rebaja de los impuestos de retención y la adopción de medidas para evitar la doble imposición. “Sin embargo, los beneficios contemplados por los CDT sólo buscan beneficiar a los residentes de los países contratantes y su uso inadecuado ha sido una preocupación constante para los gobiernos, las organizaciones internacionales y los estudiosos del derecho tributario. Tal uso inadecuado se suele lograr a través de la formación de personas jurídicas u otras estructuras que permiten acceder artificialmente a beneficios concedidos por un CDT que no estarían disponibles directamente. Salvo algunos países en desarrollo que prefieren atraer inversiones y permiten el treaty shopping, los países desarrollados combaten estas prácticas con medidas contempladas en su legislación interna o en los mismos CDT”, explicó.

Massone señaló que el control de tales medidas naturalmente es entregado a sus administraciones tributarias y que es frecuente que éstas exijan a los contribuyentes un certificado de residencia tributaria de su contraparte extranjera y consideren que dicho certificado es una prueba suficiente de que la empresa extranjera tiene derecho a invocar los beneficios del tratado, sin perjuicio de llevar a cabo revisiones más acuciosas cuando lo estiman oportuno, valiéndose para ello del intercambio de información tributaria con otros países u otros mecanismos de control.

Pese a lo anterior, “la circular N° 57 ha ido más lejos, encargando parte del trabajo de fiscalización a los propios contribuyentes, exigiéndoles que declaren bajo juramento que el receptor de la renta favorecida por el CDT es el ‘beneficiario efectivo’ de la misma”.

Según se colige de la circular, “para hacer esa declaración de modo responsable, el contribuyente debería obtener información que le permita dar fe que su contraparte: no se ha obligado, directa o indirectamente, sea legalmente o de hecho, a traspasar todo a parte de la renta a un tercero residente en otro estado; tiene un lugar físico donde desarrolla sus actividades; tiene activos suficientes para llevar a cabo su negocio; recibe una renta que guarda relación con los riesgos asumidos; tiene capacidad funcional para desarrollar sus actividades, etc. Además de estas u otras pesquisas, exige que el contribuyente mantenga la información a disposición del SII para cuando éste lo requiera”.