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/ Para enfrentar cambios constitucionales en educación: anticiparse y revisar reglamentos internos

7 Julio, 2022

El 16 de junio Alessandri realizó su primer diálogo constitucional sobre la propuesta en materia de educación, contenida en el proyecto de la nueva Constitución. Los consejeros Sebastián Izquierdo y Nicolás Ortiz expusieron sobre los desafíos a los que se enfrentan los establecimientos educacionales chilenos.

 

Con el objetivo de conversar en torno a los cambios constitucionales que enfrentarán diversas industrias, Alessandri organizó una serie de Diálogos Constitucionales.

El primero de ellos, realizado en junio, tuvo como objetivo abordar los desafíos que enfrentan los sostenedores de establecimientos particulares subvencionados y particulares pagados.

Enseñanza y elección

Sebastián Izquierdo, consejero de Alessandri y exsuperintendente de Educación, inició la jornada con un análisis detallado del texto propuesto por la Convención Constituyente. En su exposición, señaló que “naturalmente hay varias posturas sobre esto, pero soy bien crítico del texto propuesto”. En esa línea, afirmó que “me temo que el texto, en materia de educación, termine por restringir espacios de libertad a los distintos proyectos educativos”.

En temas específicos del articulado constitucional en materia de derecho a la educación y libertad de enseñanza, el economista agregó que “puede verse una cierta continuidad entre ciertos principios que se están proponiendo, y el programa político de la coalición política que eligió al actual presidente de Chile. Así, en su opinión, “se privilegia en su articulado una visión estatista y dirigida, con una preponderancia del sistema público de educación, que puede terminar por homogeneizar la educación del país”.

Durante el encuentro, los asistentes conversaron sobre la libertad de enseñanza, y el modo en que este derecho armoniza con el debido derecho a la educación. Sobre esto, Sebastián Izquierdo señaló: “lo que se propone de alguna manera maximiza el derecho a la educación”, lo que en cierto punto está bien, pero termina por dejar muy desbalanceados la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a elegir el colegio de sus hijos”. Prueba de ello, puntualizó, es que “la libertad de cátedra que se instituye en favor de los profesores, sumada, por una parte, a los principios fundantes de la educación que se postulan, y, por otra, a la participación vinculante de la comunidad educativa, podrían terminar por menoscabar la autoridad del sostenedor y la diversidad de proyectos en favor de una burocracia y un asambleísmo que no mira necesariamente la calidad de la educación”.

Sobre la definición de calidad que propone el nuevo texto constitucional, aclaró que en su formulación actual “restringe la definición a la satisfacción de la cantidad de principios fundamentales que establece. El proyecto de nueva Constitución se preocupa de decir que calidad es sinónimo de estos principios, no de otros”.

Finalmente, entre otras cosas que se debatieron, Sebastián concluyó que “los colegios particulares subvencionados probablemente se verán más presionados por cuanto son receptores de recursos públicos. Deberán estar muy alertas sobre la forma que el legislador plasma el texto de nueva Constitución, y la forma en que los tribunales interpreten y apliquen su texto”.

 

Qué pasará en tribunales

Nicolás Ortiz, también consejero Alessandri y exjefe de la división jurídica del Ministerio de Educación, abordó los distintos escenarios judiciales que es posible adelantar a partir de una eventual aprobación de la nueva Constitución chilena.

“Desde el punto de vista de los instrumentos de impugnación, el texto propuesto innova y modifica el recurso de protección que todos conocemos, de modo que la jurisprudencia de las Cortes, que ha sido bastante continua, verá transformaciones probablemente bien profundas”, explicó.

Nicolás aseguró que esta situación será problemática para los derechos de los sostenedores, por la determinación de los principios plasmados en este nuevo texto: “esto probablemente significará una judicialización extrema. Si hoy ya hay mucha controversia en esta materia, en caso de que se apruebe la nueva Constitución, la litigiosidad será aún mayor”. Luego, concluyó que “al no tener certeza sobre cómo se van a aterrizar estos principios, estos conceptos indeterminados, los establecimientos educacionales se verán sometidos a mucha presión por estar al día en cuanto al modo en que estos van timando forma en los tribunales”.

En este escenario de tanta incertidumbre, Nicolás recomendó a los asistentes comenzar desde ya una revisión de los reglamentos internos de los colegios, lo mismo los contratos,  “de manera de ver si están adecuados o no a la norma. Deberán estar atentos y buscar mejoras normativas. Intentemos anticiparnos”.

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