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/ Colegios y contratos de arrendamiento: es hora de ajustarlos a la ley

27 Mayo, 2021

El llamado es a adelantar el trabajo. No sea que por postergar los ajustes que la ley obliga, los colegios se vean enfrentados a posibles sanciones y costos reputacionales.

Felipe von Unger V.
Alessandri Abogados

Como hemos publicado en otras ocasiones el educacional es un campo intensa y recientemente regulado. Cualquier repaso que se haga sobre las leyes y normas de menor jerarquía que inciden en esta materia, podrá constatar que gran cantidad de ellas tiene aún corta vida. Lo anterior es válido tanto para su fecha de publicación como para la época de entrada en vigor de sus obligaciones. Todo esto configurando un escenario de desafíos jurídicos para los colegios y, por supuesto, de incertidumbres.

En esta línea, la Ley N°20.845, de junio de 2015 (“Ley de Inclusión”), en lo que interesa a los efectos del presente texto, contiene una serie de regulaciones aplicables a los contratos de arrendamiento suscritos por los colegios, o que celebren en el futuro, con el dueño de las instalaciones donde funcionan. Sobre esto, el articulado transitorio de la Ley de Inclusión, particularmente el artículo cuarto, es de especial atención, tanto que en la matriz de riesgos de todo colegio debe figurar esta norma, por su contenido y los plazos de ajuste que impone.

Dicha norma establece un plazo de transición, al que pueden apelar los colegios para ajustarse a las disposiciones contenidas en el artículo 6 del DFL N°2, sobre subvención del estado a establecimientos educacionales, específicamente con relación al título que ostentan los sostenedores para ocupar los establecimientos donde operan sus colegios. Dicho artículo 6 fija, ni más ni menos, los requisitos que deben reunir los colegios para poder acceder a la subvención.

Para entender cuáles son las particularidades contenidas en el referido artículo transitorio – cuarto de la Ley de Inclusión – con relación a los contratos de arrendamiento, debemos primero reparar en las nuevas exigencias que el aludido artículo 6 del DFL N°2 impone sobre la calidad que deben ostentar los colegios respecto del inmueble en el que funcionan. La letra a) quáter de su texto dispone que, para impetrar la subvención, la entidad sostenedora debe acreditar que el inmueble en que funciona el establecimiento educacional es de su propiedad y se encuentra libre de gravámenes, o lo usa a título de comodatario, con tal que, adicionalmente, el contrato sea inscrito en el Conservador de Bienes Raíces correspondiente y tenga una duración de, a lo menos, ocho años.

¿Qué pasa con los contratos de arrendamientos? ¿No se puede entonces ser arrendatario del establecimiento, solo propietario o comodatario? Aquí entra al ruedo el artículo cuarto transitorio de Ley de Inclusión. Esta norma establece un estatuto de validez condicionada de los contratos de arrendamientos vigentes a la fecha de publicación de la Ley de Subvenciones. Las situaciones que prevé la norma que comentamos, básicamente, son:

  • Los sostenedores que tengan contratos de arrendamiento vigentes al inicio del año escolar 2014 podrán continuar con ellos en las mismas condiciones en ellos señaladas, por el plazo de seis años contado desde el 30 de junio de 2017. En caso de que dichos contratos expiren durante el referido plazo, sólo podrán ser renovados por el tiempo que reste para su cumplimiento, con un canon de arrendamiento que no podrá exceder del 11% del avalúo fiscal del inmueble dividido en doce mensualidades;
  • Los sostenedores organizados como personas jurídicas sin fines de lucro a la fecha de publicación de la Ley de Inclusión (8 de junio de 2015), así como aquellos organizados como tales en virtud del artículo segundo transitorio, antes del 1 de julio de 2017, podrán extender dichos contratos hasta por cuatro años adicionales.

Vencidos los plazos a los que se hace referencia arriba, los sostenedores deberán suscribir nuevos contratos de arrendamiento, los cuales deberán cumplir con una serie de requisitos, tanto formales como sustantivos.

Ante el escenario descrito, sumado al cúmulo de normas que rigen a los sostenedores, el llamado es a adelantar el trabajo. No sea que por postergar los ajustes que la ley obliga, los colegios se vean enfrentados a posibles sanciones y costos reputacionales.

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