UPOV 91: un pendiente que tiene Chile
Con el propósito de dar cumplimiento a los compromisos asumidos por Chile en materia de propiedad intelectual, el Congreso está discutiendo la reforma de la Ley 19.342, que regula los derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales.
Esta reforma, que significa nada más que la adhesión al Acta 1991 del convenio UPOV, es un pendiente que tenemos como país miembro del convenio UPOV 1978 y es consistente con lo acordado en los Tratados de Libre Comercio (TLC) suscritos durante la última década.
Sin embargo, la actualización de esta normativa ha estado marcada por un intenso debate, incluso de índole constitucional, por la ampliación de los estándares jurídicos que permitiría esta adhesión. Así, entre las principales diferencias que contempla el Acta 1991, en relación con el Acta 1978, están: la extensión del período de protección exclusiva (25 años en el caso de nuevas variedades de árboles y vides, 20 años para el resto de las nuevas obtenciones vegetales); la ampliación de los géneros o especies botánicas; el alcance de los derechos de protección (no sólo al material de reproducción, sino también al producto de la cosecha o producto industrial); la incorporación del concepto de "variedad esencialmente derivada" (que se deriva predominantemente de la variedad inicial, sin diferenciarse de sus características genéticas), a la que se extienden los derechos del obtentor; así como la indicación expresa de las conductas que infringen los derechos del obtentor (producción, preparación para fines de reproducción, oferta, venta, exportación, importación y toda otra forma de comercialización no autorizada por el titular de los derechos).
Paralelamente, otro punto de inflexión viene representado por las excepciones al derecho de los obtentores. El Acta 1991, manteniendo la excepción a los derechos de obtentor establecida en el Acta 1978, explicita situaciones antes excluidas del ámbito de protección, como los usos privados, usos experimentales y aquellos realizados con el propósito de crear una nueva variedad vegetal, a partir de variedades protegidas.
No obstante, el tema más controversial es el carácter facultativo que el Acta 1991 le otorgaría a la excepción de reutilización del producto de la cosecha, obtenida por el cultivo de una variedad protegida, por parte de los agricultores y a los fines de la reproducción o multiplicación en su propia explotación. Por su relevancia, y dado que en el Acta 1978 el privilegio del agricultor se encontraba implícito y no se limitaba la posibilidad de reutilización de la cosecha, este aspecto está siendo analizado a la luz de otros instrumentos jurídicos vigentes en el país, como el Convenio sobre Biodiversidad Biológica y el Tratado sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, frente a otras iniciativas legislativas que aún se discuten en el Senado, como el Proyecto de Ley sobre Bioseguridad de Vegetales Genéticamente Modificados.
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UPOV 91: a pending task for Chile
In order to fulfill the commitments undertaken by Chile in intellectual property matters, Congress is now discussing a reform to Law 19,342 regulating the rights of new plant varieties' breeders.
This reform, which only involves the adhesion to Proceedings 1991 of the UPOV, is consistent with the provisions in the Free Trade Agreements subscribed by Chile during the past decade.
However, the updating of these norms has been the subject of intense debate, including constitutional issues, considering the extension of juridical standards involved by this adhesion to Proceedings 1991. Thus, among the main differences found in Proceedings 1991 with relation to Proceedings 1978, we find: the extension of the exclusive protection period (25 years in the case of new tree and grape varieties, 20 years for the rest of new plant varieties); the extension of botanical species; the scope of protection rights (covering not only the reproduction material, but also the harvest or industrial products); the incorporation of the "essentially derived variety" concept (predominantly deriving from the initial variety, with no differentiation in its genetic characteristics), to which the breeder's rights are extended; in addition to the explicit indication of the conducts that breach plant breeders' rights (production, preparation for reproduction purposes, offer, sale, export, import, and any other marketing form not authorized by the rights' tittleholder).
In parallel, another turning point is represented by the exceptions to breeders' rights. Proceedings 1991, while keeping in force the exception to breeders' rights set forth in Proceedings 1978, makes explicit some circumstances previously excluded from the protection scope, such as private uses, experimental uses, and those made with the purpose of creating a new plant variety from protected varieties.
However, the most controversial issue is the discretionary character that Proceedings 1991 would give to the harvest product reutilization exception, obtained from the farming of a protected variety, by farmers and for reproduction or multiplication purposes in their own farms. Given its relevance, and considering that in Proceedings 1978 farmers' privileges were implicit and not limited to harvest reutilization, this matter is being analyzed in the light of other statutory instruments currently in force in the country, such as the Biological Biodiversity Agreement and the Treaty on Phytogenetic Resources for Food and Agriculture, and other legislative initiatives still being debated in the Senate, such as the Bill on Biosecurity of Genetically Modified Plant Varieties.
Francesca Rodríguez
Alessandri & Compañía Abogados
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